La organización agraria lo interpreta como una nueva persecución del Gobierno al sector y le exige que informe al final de la campaña el grado de cumplimiento

AVA-ASAJA detecta un incremento sin precedentes de requerimientos de Hacienda a los agricultores

Valencia, 21 de mayo de 2021. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) detecta, en plena campaña de la declaración de la renta, un incremento sin precedentes por parte del Ministerio de Hacienda de requerimientos fiscales a los agricultores y ganaderos. Esta actuación inusual se ceba en los jóvenes profesionales del sector agrario que tributan en estimación objetiva o módulos, puesto que dichas comprobaciones hacen especial hincapié en las amortizaciones de las inversiones realizadas a medio y largo plazo –cuyas facturas en algunos casos superan los 20 años–como la ampliación de las explotaciones, la compra de maquinaría o la adquisición de plantones.

 El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, lo interpreta como “una nueva muestra de la insensibilidad, la demonización y la persecución del Gobierno hacia el sector agrario. Venimos siendo objeto de una campaña de acoso y derribo a cargo de la Inspección de Trabajo, que no paró ni durante los meses más duros de la pandemia, a pesar de que la grandísima mayoría del campo cumple a rajatabla la normativa laboral. En la actual declaración de la renta el Ministerio de Agricultura ha discriminado más de 140 pueblos valencianos en la rebaja de módulos y aún no ha atendido nuestras demandas. Y ahora, en lugar de facilitar las gestiones para que podamos agilizar las labores a pie de campo, muchos agricultores están dedicando su tiempo a atender la sobrecarga burocrática reclamada por una Administración que no les cree”.

Aguado exige a Hacienda que “informe de manera pública y clara al final de su campaña abusiva de requerimientos fiscales si realmente los agricultores y ganaderos estamos haciendo las cosas en regla. Queremos que digan el grado de cumplimiento que verifica el Gobierno en nuestro colectivo, porque estamos seguros que es mucho más elevado del que esperan algunos políticos que no conocen la realidad del campo”.

AVA-ASAJA apela a la responsabilidad de la gran distribución y de los consumidores para primar el producto de proximidad frente a las importaciones más contaminantes

Los precios de cebollas y patatas se desploman en el campo y se multiplican por diez al consumidor

Valencia, 20 de mayo de 2021. La actual campaña de cebollas y patatas ha vuelto a poner al descubierto los graves desequilibrios que imperan en la cadena agroalimentaria. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) alerta de que los precios que los operadores comerciales están ofreciendo a los productores se han desplomado en las últimas semanas hasta el extremo de situarse un 40% por debajo de los costes de producción. Mientras tanto, esas cotizaciones se multiplican hasta por diez del campo al consumidor. 

Tras un inicio difícil con la cebolla tierna, la recolección de la cebolla seca se caracterizó por una recuperación de los precios. Tanto es así que AVA-ASAJA denunció una ola de robos en varias comarcas valencianas coincidiendo con la mayor demanda. Sin embargo, la introducción de importaciones foráneas, sobre todo de Nueva Zelanda, que además llegaron a Europa de golpe a causa del bloqueo accidental del Canal de Suez, está siendo utilizada por las compañías comercializadoras como pretexto para presionar los precios a la baja de la producción autóctona.

El responsable de la sectorial de hortalizas de AVA-ASAJA, Salvador Sabater, constata que “nuestras cebollas están en perfectas condiciones para ser recogidas y consumidas. Venimos de un abril muy lluvioso en el que no podíamos avanzar porque la tierra tenía de estar seca. Pero justo ahora, por culpa de la irrupción de las importaciones, las compras se han paralizado e incluso escuchamos casos de comercios que tratan de revisar a la baja los tratos cerrados hace unos días”. Las últimas cotizaciones que se manejan en la huerta han caído hasta los 10 céntimos de euro por kilo, una cantidad ruinosa muy lejos de los costes de producción –en torno a los 0,20 €/kg– que llevaría a muchos agricultores a destruir sus cosechas. Por el contrario, en muchos puntos de venta al público el precio se eleva a 1 €/kg.

En el caso de la patata la situación también se está volviendo alarmante: “No hay una gran producción, la calidad es excelente, pero entre las importaciones y la posición de dominio de la gran distribución alimentaria, que usa la patata como producto reclamo, no podemos vender a un precio razonable que al menos cubra los costes”, lamenta Sabater. Según varios testimonios, los precios ofrecidos por el comercio ya bajan de los 20 céntimos por kilo, cuando solo la recolección supera los 6 céntimos. Mientras tanto, los supermercados ponen a la venta las patatas a precios medios de 0,80 €/kg, es decir cuatro veces más.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, apela “a la responsabilidad de la gran distribución y de los consumidores para primar el producto de proximidad a precios justos en lugar de sustituirlo por importaciones con una gran huella de carbono venidas desde países de ultramar, en algunos casos como Nueva Zelanda que están en la otra parte del planeta, a 20.000 kilómetros de distancia. Las cadenas no pueden ser colaboradoras del cambio climático, porque esta estrategia comercial es absolutamente incoherente e incompatible con la sostenibilidad ambiental que pregona la Unión Europea. Los envíos generan enormes emisiones contaminantes durante su transporte marítimo y suelen emplear materias activas fitosanitarias prohibidas en la agricultura comunitaria. Asimismo, el producto foráneo no tiene la frescura, la calidad y la seguridad alimentaria que sí garantiza el nuestro, además de que al consumidor no le llega barato. Los abusos de la cadena alimentaria no se resolverán mientras la clase política siga permitiendo e incluso impulsando la introducción de todas las importaciones que entran y de la manera descontrolada y desleal que entran”.