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Técnico Superior en Telecomunicaciones e Informática Master en diseño y creación de páginas web. Experto en redes Lan y Wan. Prevención de riesgos laborales.

Piden la suspensión de la caza en los arrozales de Cullera

Las organizaciones agrarias considerarían injusto y plantearían acciones judiciales si los arroceros reciben penalizaciones por una imprudencia que han cometido otros

AVA-ASAJA y LA UNIÓ piden la suspensión de la caza en los arrozales de Cullera hasta que se aclaren las responsabilidades de las quemas incontroladas

València, 23 de octubre de 2020. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders solicitan al ayuntamiento de Cullera la suspensión temporal de la caza en los arrozales del término municipal hasta que se aclaren las responsabilidades de las quemas de la paja del arroz efectuadas de manera incontrolada y sin autorización, ni por los propios agricultores ni por la conselleria de Agricultura, justo tras finalizar las labores de siega.

Ambas organizaciones agrarias reprochan que el consistorio publicara un bando para dar comienzo en Cullera a la quema de la paja el 13 de octubre, es decir, un día antes de que la Generalitat Valenciana iniciara el periodo autorizado para esta campaña en la mitad sur del parque natural de La Albufera, y que un grupo de cazadores de varias localidades iniciaran una serie de incineraciones tanto esa misma tarde como el día siguiente, a pesar de que el sistema informático de la conselleria advertía de unas rachas fuertes de viento de poniente y, por tanto, no permitía la quema para no causar molestias a la ciudadanía.

Asociados de AVA-ASAJA y LA UNIÓ detallan que el fuego se descontroló durante varios días e incluso alcanzó la montaña de Cullera por tres puntos, lo que disparó el riesgo de incendio a niveles críticos y provocó una enorme humareda en las zonas próximas. Los arroceros afectados, a pesar de pedir a los cazadores que frenaran el avance de las llamas y de alertar a las autoridades, ahora pueden estar expuestos a importantes sanciones como la pérdida de las ayudas agroambientales del cultivo del arroz incluidas en la Política Agrícola Común (PAC).

Las organizaciones agrarias considerarían “totalmente injusto” y plantearían emprender acciones judiciales en caso de que los arroceros reciban por parte de la Administración penalizaciones por una actuación “imprudente” que han cometido otros. Los representantes de los agricultores explican que “todos los años algunos cazadores han salido a quemar la paja del arroz antes de que entremos los propietarios de los campos para empezar la caza, pero lo de este año clama al cielo. El alcalde Jordi Mayor siempre ha apoyado la quema de este residuo porque conoce los beneficios que esta práctica tiene sobre el cultivo y el lago, si bien el ayuntamiento no debió adelantarse a la autorización de la conselleria. Algunos cazadores se adelantaron al plazo general, continuaron al día siguiente a pesar de que el viento lo desaconsejaba y durante los siguientes días pusieron en peligro a todos. Creo que desde el ayuntamiento se tiene que hacer pedagogía con los cazadores, para que comprendan que somos los propietarios de los campos los que tenemos que realizar la quema de la paja”.

Prorroga de un año más la ayuda agro ambiental del arroz

La organización valora las modificaciones del Programa de Desarrollo Rural (PDR) para 2021 pero lamenta que desde 2014 solo lleva ejecutado un 34% de los fondos

AVA-ASAJA logra que la Conselleria prorrogue un año más la ayuda agroambiental del arroz

Valencia, 19 de diciembre de 2019. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) logra que la conselleria de Agricultura prorrogue un año más la línea de ayuda agroambiental del arroz, a través de una modificación en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 enmarcado dentro de la Política Agrícola Común (PAC). Esta medida va a permitir que los arroceros valencianos perciban en 2021 una partida de 6.700.000 euros para el mantenimiento del cultivo del arroz bajo los máximos estándares de sostenibilidad medioambiental y sin los cuales, afirma la organización agraria, la rentabilidad de los productores se hubiera visto seriamente amenazada porque los actuales precios en origen no permiten cubrir por sí solos todos los costes de producción.

AVA-ASAJA había advertido al departamento agrario de la Generalitat Valenciana que los retrasos que están habiendo en el seno de la Unión Europea para reformar la PAC 2021-2027 provocan que muchos de los compromisos incluidos en los PDR autonómicos caduquen ahora, de manera que su mantenimiento depende de la voluntad política de las administraciones.

A petición de la asociación que encabeza Cristóbal Aguado, la conselleria de Agricultura también efectuará nuevas convocatorias de la ayuda a la producción ecológica, tanto en conversión como en mantenimiento, e incrementará el presupuesto a las ayudas a zonas de montaña. Parte de este dinero provendrá de líneas poco solicitadas, como el fomento de sistemas agrarios de interés para las aves esteparias, que la propia conselleria reconoce que no ha tenido éxito.

Por el contrario, AVA-ASAJA critica que Agricultura reducirá la partida destinada a las ayudas a las inversiones agrarias (planes de mejora) y considera ilógico su argumento esgrimido de que en la convocatoria de 2018 no se agotó el presupuesto puesto que en la convocatoria de 2020 han faltado fondos para beneficiar a todos los solicitantes.

AVA-ASAJA lamenta asimismo que el porcentaje de ejecución de las ayudas incluidas en el PDR de la Comunitat Valenciana 2014-2020 tan solo alcanza el 34% (153 millones ejecutados de un total previsto de 450 millones). Llama la atención el escaso grado de pagos en partidas como planes de mejora (11%) o la gestión forestal sostenible (14%). La Generalitat Valenciana se sitúa así por debajo de la media española y europea en la ejecución de estos fondos agrarios.

El responsable de la sectorial del Arroz de AVA-ASAJA, Miguel Minguet, valora que la conselleria de Agricultura haya atendido algunas de las principales reivindicaciones del sector: “La prórroga de la ayuda agroambiental del arroz era una medida absolutamente necesaria para garantizar la rentabilidad de los productores, que repercutirá tanto en el mantenimiento del cultivo como en la preservación de los parques naturales en los que se cultiva. Pero no todo han sido buenas noticias y hay que seguir mejorando el PDR autonómico para dotar de suficiente dinero aquellas partidas más demandadas como es el caso de los planes de mejora”.

Quema de la paja del arroz

Ante el inicio de las quemas de paja en arrozales del parque natural de La Albufera, Minguet hace hincapié en la prioridad de retirar todo el residuo que sea posible y en quemar el resto que no pueda ser retirado, estableciendo para ello un calendario organizado y pensado para causar las mínimas molestias a la sociedad, además de destinar los máximos esfuerzos para desarrollar a corto y medio plazo la tecnología necesaria que permita ampliar la retirada de la paja. “Los agricultores, como parte de la sociedad, sabemos que se trata de un problema grave y queremos que se habilite una solución desde el punto de vista social”, sostiene.

La inacción política elevan un 20% los daños agrarios

AVA-ASAJA reclama una ley nacional y autonómica de control poblacional en línea con las medidas que Alemania y Francia impulsan frente a la PPA

El Covid-19 y la inacción política elevan un 20% los daños agrarios por la superpoblación de fauna salvaje

Valencia, 16 de octubre de 2020. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) alerta de que la superpoblación de especies de fauna salvaje, sobre todo jabalíes, conejos y cabras montesas, está multiplicando los daños ocasionados en las explotaciones agrarias a unos niveles sin precedentes. La menor presencia humana en el medio rural y las restricciones impuestas a la caza con motivo del Covid-19, así como la inacción de las administraciones frente a este problema por presiones ideológicas, elevan un 20% las pérdidas anuales en la agricultura valenciana y superan por primera vez la barrera de los 30 millones de euros.

Asociados de AVA-ASAJA denuncian que manadas de jabalíes salen de los montes en busca de alimento e irrumpen en campos de cultivo donde provocan graves perjuicios: roen los troncos y las ramas de los árboles adultos, extirpan plantones jóvenes, excavan grandes agujeros en la tierra e inutilizan las gomas de goteo. Asimismo, con el inicio de la recolección de varias producciones valencianas, los jabalíes arrancan de los árboles naranjas, mandarinas, caquis y granadas que tienen a su alcance –aproximadamente hasta un metro de altura– lo que causa en algunos casos una disminución del 20% de la cosecha.

El responsable de la sectorial de naranjas de AVA-ASAJA, Salvador Juan Segura, ha sufrido considerables daños en sus campos de Tavernes de la Valldigna: “Los jabalíes, fundamentalmente, están fuera de control y cada vez provocan problemas más continuados que nos obligan a acometer con urgencia inversiones para reparar los desperfectos y minimizar la merma de producción. Las administraciones están haciendo dejadez de sus funciones y nos sentimos totalmente desamparados”.

El delegado de AVA-Montroi, Juan Miguel Femenia, también ha notificado esta misma semana que las cabras montesas se están dejando ver como nunca antes por sus huertos de Montserrat: “Tengo al menos ocho hanegadas de melocotón gravemente afectadas por las cabras. Sus mordiscos han dejado sin hojas e incluso sin piel muchas ramas en los árboles frutales. Estos siniestros impedirán que el año que viene obtenga una producción normal. Hasta ahora había daños aislados de conejos y jabalíes en campos que están cerca del río Magro, pero la situación va a peor y sinceramente no sabemos cómo acabaremos”.

La organización agrega que la fauna salvaje también genera accidentes de tráfico, ataques a personas, destrozos en urbanizaciones y núcleos urbanos, etc. Respecto al riesgo que entraña en la propagación de enfermedades para el ganado, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, señala que “la llegada de la Peste Porcina Africana (PPA) a jabalíes de Alemania debería sacar a nuestros políticos de su letargo y pasividad. La rápida reacción germana de intensificar al máximo la caza en un radio perimetral a los casos detectados y el proyecto de decreto que ha sacado a consulta pública el gobierno francés relativo a la captura de jabalíes debería servir de ejemplo a nuestra clase política”.

En línea con los planteamientos impulsados desde Alemania y Francia, AVA-ASAJA reclama al Gobierno central una ley nacional para el control poblacional del jabalí y las otras especies de fauna salvaje que están disparando los daños en la agricultura. Al mismo tiempo, pide a la Generalitat Valenciana que haga suya una ley autonómica que igualmente logre un equilibrio de la población de fauna cinegética y una convivencia beneficiosa para todos los colectivos sociales.

La política fitosanitaria provoca este año un desperdicio de alimentos.

Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos

AVA-ASAJA advierte de que la política fitosanitaria provoca este año un desperdicio alimentario récord en el campo valenciano de 450.000 toneladas

Valencia, 28 de septiembre de 2020. Con motivo de la declaración por parte de las Naciones Unidas del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos mañana, 29 de septiembre, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) advierte de que el desperdicio alimentario no es solo un problema en la fase de la distribución y el consumo, sino que ya se produce y crece de manera alarmante a pie de campo.

Tanto es así que, debido a la falta de soluciones autorizadas para hacer frente a las plagas y enfermedades agrarias que impone la política fitosanitaria europea, la agricultura valenciana alcanzará este año un desperdicio alimentario récord de 450.000 toneladas, que se traduce en unas pérdidas de 156,6 millones para los productores, según un estudio técnico elaborado por AVA-ASAJA.

Los cultivos más afectados son los cítricos, especialmente las naranjas y mandarinas, que superarán las 357.800 toneladas perdidas en los huertos de la  Comunitat Valenciana, lo que arroja unas pérdidas de 120 millones de euros entre los perjuicios directos sobre la fruta y los costes de los tratamientos realizados. La principal causa que explica este desperdicio es la supresión esta campaña del Metil Clorpirifos, la única materia activa que venía demostrando eficacia contra el Cotonet de Sudáfrica (Delottococcus aberiae), sin poner a disposición alternativas de control viables y con la lucha biológica aún en una fase experimental. Otras plagas como el Trips de la Orquídea también se están expandiendo sin control.

El caqui es otra fruta de temporada que sufrirá devastadoras mermas de producción, llegando en algunas explotaciones a perder toda la cosecha. De acuerdo con el estudio de AVA-ASAJA, el desperdicio en este caso asciende a 85.000 toneladas y a unas pérdidas de 25 millones para los productores. La prohibición del Metil Clorpirifos está de nuevo detrás de los ataques sin precedentes de los cotonets y las moscas blancas, frente a los cuales los agricultores no han podido hacer nada pese a triplicar el número de aplicaciones fitosanitarias. Además, la aparición de resistencias a los productos autorizados ha permitido resurgir tras varios años la incidencia de la mancha foliar (Mycosphaerella nawae) en el tramo final de la maduración del fruto.

Otras producciones valencianas que padecen un preocupante desperdicio son la almendra, con 6.000 toneladas afectadas y 10 millones de pérdidas debido a la expansión de la avispilla del almendro a 40.000 hectáreas de once comarcas valencianas, y el arroz que pierde 6.000 toneladas en la actual siega, lo que supone 1,6 millones de impacto económico, debido a la afección de la enfermedad fúngica Pyricularia oryzae y de las malas hierbas.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, remarca que “la política fitosanitaria europea, con la complicidad vergonzosa del Gobierno español, está equivocada y nos aleja de los objetivos contra el cambio climático. La eliminación de las materias activas fitosanitarias empujada por postulados ideológicos y sin criterios científicos aumenta el número de tratamientos en el campo para combatir las plagas y enfermedades, con la degradación ambiental que ello implica; dispara el desperdicio alimentario a lo largo del ciclo del cultivo, sin reducir el consumo de recursos como abonos, fertilizantes, agua o energía; agrava la crisis de rentabilidad y eleva el abandono de campos. Justo lo contrario de lo que Europa debería lograr para preservar un territorio cuidado, productivo y sostenible”.

Además, Aguado recuerda la “contradicción suicida de que esas mismas administraciones comunitarias abren sus puertas a productos agrarios de terceros países que compiten de manera desleal porque utilizan sustancias activas que han sido prohibidas a los agricultores europeos. Sin duda, las políticas agrarias de la Unión Europea requieren un cambio de rumbo y lo requieren ya”.

CultivoDesperdicio (en toneladas)Pérdidas (en euros)
Cítricos357.800120 millones
Caqui85.00025 millones
Almendra1.20010 millones
Arroz6.0001,6 millones
Total450.000 toneladas156,6 millones

Fuente: AVA-ASAJA

La detección de la PPA en jabalíes de Alemania enciende las alarmas

AVA-ASAJA reclama extremar la bioseguridad, impulsar las ventas internacionales y reducir la superpoblación de jabalíes porque son propagadores de esta enfermedad

La detección de la PPA en jabalíes de Alemania enciende las alarmas del sector porcino valenciano

Valencia, 24 de septiembre de 2020. La detección de los primeros casos de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes hallados en Alemania ha encendido todas las alarmas del sector porcino valenciano. Según advierte la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), la peor enfermedad de la porcicultura mundial está cada vez más próxima y su llegada a la cabaña española y valenciana supondría un desastre sanitario y comercial que pondría en peligro la continuidad misma de este sector fundamental para la economía de las áreas rurales.

En efecto, esta nueva información confirma el avance de la PPA desde 2018 en China y la Unión Europea (Rumanía, Polonia, Bélgica y ahora Alemania, el primer país productor de la eurozona) donde se han sacrificado miles de cerdos y se ha vetado la comercialización a los mercados exteriores.

“Los ganaderos tienen sobrados motivos para estar preocupados, incluso asustados”, explica el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado: “Hemos visto cómo 24 horas después del primer positivo el precio de la carne alemana se hundió un 13% y 48 horas después le cerraron las puertas de China, Japón o Singapur, mercados que absorbían más de 100.000 cerdos. Ante esta situación, el sector teme que Alemania trate de desviar más producción a los mercados europeos”.

Medidas de apoyo

AVA-ASAJA reclama medidas de apoyo a las administraciones, tanto al Gobierno español como a la Generalitat, dirigidas fundamentalmente a extremar los protocolos de bioseguridad y vigilancia a fin de mantener a España como país libre de PPA; impulsar las ventas internacionales, que ya representan más de la mitad de la producción nacional, mediante la absoluta garantía del buen estado sanitario de nuestras explotaciones; y reducir la superpoblación de jabalíes en el territorio para minimizar el riesgo de que estos animales propaguen esta y otras enfermedades que afectan al ganado.

“El sector porcino está atravesando un momento pujante debido al esfuerzo inversor realizado en los últimos años para ganar en competitividad y al buen comportamiento de las exportaciones a China y otros mercados que son deficitarios por la incidencia de la PPA. Pero los efectos globales tanto del Covid-19 como de esta enfermedad pueden interrumpir abruptamente esta evolución favorable. Por eso, debemos estar alerta y poner todos los recursos a nuestra disposición para evitar la propagación de la PPA”, señala Aguado.

Según datos de la conselleria de Agricultura, el número de explotaciones de ganado porcino presente en la Comunitat Valenciana es de 933, con un censo total de 1.350.655 animales.

Los viticultores reclaman que no se fijen precios de la uva

Los viticultores reclaman que no se fijen precios de la uva por debajo de los costes de producción

Madrid, 15 de septiembre de 2020.- ASAJA, COAG y UPA se unen para exigir el cumplimiento de la Ley de cadena alimentaria en el sector del vino y reclaman a las bodegas que frenen el hundimiento de los precios. Mañana se reunirán con la cúpula del Ministerio de Agricultura para demandar un plan de apoyo urgente.

Las organizaciones profesionales agrarias españolas, ASAJA, COAG y UPA, se han unido para exigir acciones urgentes que eviten que la vendimia 2020 sea recordada como una de las más ruinosas de la historia. Sus reclamaciones se dirigen en dos sentidos: por un lado, hacia los bodegueros que compran las uvas; y por otro, a los Gobiernos, central y autonómicos.

A los compradores de uva, los agricultores les reclaman que cumplan la Ley de la cadena alimentaria, fundamentalmente en lo referente al precio al que pagan las uvas. Algunas bodegas están actuando “con coacciones y de forma desleal”, obligando al productor a manifestar expresamente que no vende la uva a un precio inferior a sus propios costes de producción. “Una práctica inmoral e ilegal”, afirman.

Los precios que se están pagando son hasta un 30% inferiores a los del pasado año. Para el sector no hay causas que justifiquen dicha caída: las previsiones para la vendimia 2020 hablan de una producción menor a las estimaciones iniciales, entorno a los 41-43 millones de hectolitros, en línea con la media de las últimas cinco campañas. Las existencias a final de campaña de vino y mosto son de 36,6 millones de hectolitros, inferiores en un 6,7% a las de la anterior campaña.

Mañana miércoles, las organizaciones agrarias acudirán al Ministerio de Agricultura, donde defenderán una serie de propuestas y medidas entre las que se incluyen:

·        Costes de producción: ASAJA, COAG y UPA demandan a las Administraciones que clarifiquen cómo determinar los costes de producción que el precio debe cubrir, haciendo referencia a las distintas zonas de producción, variedades, formas productivas…

·        Controles de la AICA: el sector demanda más controles por parte del Gobierno para verificar el cumplimiento de la Ley.

·        Planes de ayudas: las ayudas europeas son necesarias, pero no suficientes. Las Comunidades Autónomas y el Gobierno deben destinar fondos específicos para salvar al sector del vino de la crisis que atraviesa. Países competidores de España, como Francia o Italia, ya lo han hecho, por lo que urge evitar que se produzca una situación de competencia desleal.

·        Ayudas de mínimis: en tiempo de crisis se pueden otorgar ayudas estatales de hasta 20.000 euros por explotación en tres años, pudiéndose aumentar incluso hasta 25.000 euros).

·        Ayudas por la covid-19:La normativa europea permite destinar hasta 7.000 euros por agricultor para ayudar a los afectados por la crisis de la covid-19, utilizando fondos de desarrollo rural no gastados.

·        Retirada de producto: los agricultores piden incrementar las prestaciones vínicas al 15%, frente al 10% actual. Esto es el volumen de alcohol que deben tener los subproductos finales. En la práctica implicaría retirar más producto y que no vaya a vino.

La siega del arroz arranca con buenas perspectivas debido al descenso de importaciones por el Covid-19

AVA-ASAJA augura una cosecha similar a campañas anteriores y un mercado más equilibrado porque los países asiáticos han primado su abastecimiento interno

La siega del arroz arranca con buenas perspectivas debido al descenso de importaciones por el Covid-19

Valencia, 8 de septiembre de 2020. Las primeras labores de la siega del arroz han empezado en la marjal de Pego-Oliva, con la recogida de la variedad bomba, y en unos pocos días harán lo propio en la Albufera. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) augura buenas perspectivas comerciales debido a la estabilidad en el volumen de producción del arroz y al descenso previsto de las importaciones procedentes de países asiáticos como Vietnam, Myanmar o Camboya.

El responsable de la sectorial del arroz de AVA-ASAJA, Miguel Minguet, avanza que “por el momento, todo parece prever que el mercado valenciano del arroz estará este año más equilibrado porque varios países terceros han decidido, con motivo de la pandemia del Covid-19, asegurarse el abastecimiento de este cereal para las necesidades internas de su población y, por tanto, reducir sus exportaciones con destino a la Unión Europea”.

Minguet, quien a su vez es vicepresidente del grupo de trabajo del arroz en el COPA-COGECA, recuerda que “en los últimos tiempos la Comisión Europea, con la complicidad del Gobierno español, han abierto las fronteras a cada vez más arroz foráneo que, sin aranceles y en unas condiciones de competencia desleal desde el punto de vista fitosanitario y ambiental, inundan el mercado europeo y hunden los precios. El propio ministerio de Agricultura reconoce que las importaciones récord de arroz asiático restan competitividad a los arroceros españoles, pero al mismo tiempo sigue impulsando nuevos acuerdos como el de Vietnam y Mercosur. Pues bien, muy a su pesar, este año, a causa del Covid-19, son los propios países terceros los que prefieren quedarse su arroz para ellos”.

En ese sentido, Minguet advierte a la clase política de que “esto es un claro ejemplo de que Europa no puede permitirse el lujo de dejar morir a su agricultura y poner la alimentación a expensas de otros. Ante crisis impredecibles como esta pandemia, cada país vela por sus intereses y si nos quedamos sin arroz o cualquier otro producto agrario, los europeos se pueden encontrar con consecuencias nefastas en desabastecimiento”.

Desde el punto de vista agronómico, AVA-ASAJA estima una producción valenciana de arroz similar a la media de la última década, en torno a las 110.000 toneladas, que constata una excelente calidad y garantiza los máximos estándares de sostenibilidad ambiental. No obstante, la organización agraria lamenta que los arroceros se han visto obligados a asumir importantes sobrecostes a la hora de combatir las malas hierbas, ya que la no disponibilidad de suficientes herbicidas autorizados genera resistencias, aumentando el número de tratamientos y elevando los gastos en mano de obra. Asimismo, las lluvias primaverales han retrasado el ciclo de cultivo y han añadido dificultades en el abonado.

Minguet reivindica a las administraciones “más investigación y agilidad para poner a disposición de los arroceros un número suficiente de productos fitosanitarios y biológicos que resulten eficaces para frenar las crecientes malas hierbas y enfermedades que atacan al cultivo. Nuestro arroz, que es extraordinariamente apreciado por los consumidores y tiene una función esencial en la preservación de los parques naturales donde se cultiva, debe contar con las herramientas de control necesarias y en ese aspecto tan elemental la clase política está fallando de una manera clamorosa por anteponer la ideología a los criterios científicos”.  

AVA-ASAJA y LA UNIÓ denuncian que el Consell elude su responsabilidad contra el Covid-19

Las organizaciones agrarias reprochan a la Generalitat Valenciana que no haya aceptado una reunión para consensuar medidas de prevención y compensaciones

AVA-ASAJA y LA UNIÓ denuncian que el Consell elude su responsabilidad contra el Covid-19 y carga con sobrecostes y burocracia a los agricultores

València, 7 de septiembre de 2020. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders rechazan de manera conjunta la resolución aprobada por las consellerias de Sanidad y Agricultura dirigida a establecer medidas adicionales para la prevención y control del Covid-19 en el sector agrario porque “la Generalitat Valenciana elude su responsabilidad ante las próximas campañas de recolección y decide cargar con sobrecostes económicos y más burocracia a los agricultores”. 

Esta resolución publicada en el DOGV obliga a los titulares de explotaciones que van a realizar una contratación de trabajadores temporeros en la vendimia –ya iniciada desde la semana pasada– y en la inminente recolección de cítricos, caquis y otros productos valencianos a llevar a cabo una labor excepcional de información y de registro de datos personales. Estas instrucciones, que acarrean duras sanciones en caso de incumplimiento, se suman a otras medidas de seguridad ya contempladas contra la pandemia que en otras temporadas españolas ha supuesto un encarecimiento del 10-15% de los costes de producción.

Las dos principales organizaciones agrarias valencianas reprochan a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que no haya aceptado la solicitud de una reunión en las últimas semanas, con la asistencia de la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, para abordar y consensuar las medidas a adoptar a fin de evitar contagios en el campo con la llegada de temporeros procedentes de otras comunidades e incluso de otros países.

En este sentido, el secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, y el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, coinciden en subrayar que “el Consell ha optado por volver a actuar de espaldas al sector agrario, por quitarse las pulgas y pasar el marrón a los agricultores en un tema tan sensible como es el Covid-19. Ni ha aceptado nuestra reivindicación de hacer pruebas PCR a los temporeros que van a venir a la agricultura valenciana –como sí han hecho otros gobiernos como La Rioja y Castilla y León– ni ha establecido compensaciones por todos los esfuerzos que van a soportar los empresarios agrarios y que agravan la ya de por sí precaria rentabilidad de sus explotaciones”.

A su juicio, “la Administración solo sirve si es capaz de solucionar los problemas y en este caso lo único que ha hecho es trasladarlos a los agricultores como si saliera gratis, sin ayuda y sin reconocimiento. Hay que recordar que el sector agrario ha mantenido durante toda la pandemia un comportamiento ejemplar, que no ha habido graves casos de afección de Covid-19 en el campo valenciano y que no ha parado para abastecer a la sociedad de alimentos en cantidad y calidad. Creemos que ahora no nos merecemos este desprecio y abuso”. 

Metil Clorpirifos causa pérdidas de 24 millones en el caqui

La incidencia récord de plagas como cotonets y moscas blancas, pese al incremento de tratamientos, desperdicia 80.000 toneladas de fruta y degrada el medio ambiente

AVA-ASAJA alerta de que la prohibición del Metil Clorpirifos causa pérdidas de 24 millones en el caqui

Valencia, 1 de septiembre de 2020. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que la supresión decretada este año de la materia activa Metil Clorpirifos en el cultivo del caqui y la no disponibilidad de alternativas suficientemente eficaces eleva a niveles récord la incidencia de las plagas, fundamentalmente cotonets y moscas blancas.

Tanto es así que, según un estudio técnico elaborado por la asociación, los productores valencianos de caqui sufrirán en la presente campaña unas pérdidas superiores a 24 millones de euros solo debido a la merma de cosecha por plagas. El volumen total de frutas desperdiciadas en campo alcanzará las 80.000 toneladas, lo que supone un incremento del 30% respecto al ejercicio pasado. A esas previsiones cabe sumar la pérdida de empleo y el impacto económico derivados en los almacenes de confección, el transporte y los mercados de comercialización.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, advierte de que “la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el caqui está poniendo contra las cuerdas la viabilidad presente y futura de un cultivo que en lo que llevamos de siglo XXI se ha erigido en un pilar de la agricultura valenciana. Todo el sector hortofrutícola español había reclamado a las administraciones que no prohibieran el Metil Clorpirifos sin dotar antes a los agricultores de otros métodos de lucha igualmente eficaces. No hicieron caso y ahora, al igual que ha ocurrido con los cítricos y otras frutas, se ven las consecuencias en el caso del caqui: un aumento de tratamientos fitosanitarios que no han evitado frenar los ataques de plagas, un aumento del desperdicio alimentario, una pérdida de competitividad y una degradación medioambiental. Por no escuchar al sector y guiarse por postulados ideológicos, la clase política europea está consiguiendo el efecto contrario de lo que pregona”.

Al respecto, Aguado pregunta: “¿Dónde están los políticos responsables que van a asumir la responsabilidad de sus decisiones y compensarán los perjuicios ocasionados a los agricultores? ¿Qué más tiene que suceder para que se den cuenta de que urge un cambio de rumbo en la política de sanidad vegetal? ¿Cuándo el Gobierno dejará de ser cómplice de la filosofía equivocada de la Unión Europea que desconoce la realidad climática y de plagas que hay en la agricultura mediterránea?”

AVA-ASAJA ha enviado un escrito a la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, para solicitarle su máxima implicación a la hora de ponderar a pie de campo y con carácter oficial la magnitud de esta problemática; aprobar dentro de sus competencias y reclamar al Gobierno central tanto indemnizaciones como medidas fiscales, como el módulo cero para la declaración de la renta de 2020; así como trabajar en aras de facilitar al sector una serie suficiente de productos fitosanitarios y biológicos que sean verdaderamente efectivos para combatir las plagas que diezman las producciones”.

La prohibición de materias activas triplica el uso de productos fitosanitarios

Ante la decisión de la Comisión Europea de reducir drásticamente el uso de materias activas, los agricultores se ven obligados a aumentar los tratamientos en el campo

AVA-ASAJA denuncia que la prohibición de materias activas triplica el uso de productos fitosanitarios

Valencia, 24 de agosto de 2020. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que la decisión de la Comisión Europea de reducir cada vez más el uso de materias activas provoca un mayor uso de tratamientos fitosanitarios en el campo, ya que al no contar con herramientas eficaces los agricultores se ven obligados a utilizar diferentes productos en busca de un remedio eficaz contra las plagas y enfermedades como son el cotonet de Sudáfrica o la mosca blanca en el caqui. En este sentido, la prohibición de materias activas eficaces triplica la aplicación de pesticidas en el campo y genera una pérdida progresiva de la competitividad en el mercado global.

El aumento del uso de tratamientos fitosanitarios implica un mayor gasto para los agricultores que no se ve compensado con el precio que reciben por sus productos, de este modo crece de forma alarmante el abandono de campos por la falta de rentabilidad, lo que conlleva a su vez un deterioro medioambiental irreversible. Asimismo, la prohibición de materias activas eficaces para la lucha contra plagas y enfermedades genera una depreciación comercial de la fruta que implica el desperdicio alimentario de miles de toneladas. Paradójicamente los productos que se importan de terceros países a la Unión Europea (UE) sí tienen permitido el uso de materias activas que han sido prohibidas por la legislación europea, pero sin embargo, llegan a los consumidores europeos y compiten con nuestros productos de un modo devastador y desleal.

“Si el objetivo de la UE era reducir el uso de fitosanitarios con sus políticas restrictivas nos encontramos con una gran incongruencia, puesto que justamente están provocando el efecto contrario al obligar a los agricultores europeos a multiplicar sus tratamientos. Las plagas siguen estando presentes en nuestro campo y se incrementan continuamente. Ante este problema creciente los agricultores no contamos con herramientas eficaces para poder combatirlas”, señala el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado. Además, el dirigente agrario critica la falta de actuación por parte de las administraciones para revertir esta situación. “Bruselas debería aplicar normas recíprocas, ya que los agricultores compiten en un mundo globalizado en el que las reglas del juego no son las mismas para todos. Con estas prohibiciones se incentiva el abandono de tierras agrarias, el desperdicio alimentario, el deterioro medioambiental, pero sobre todo se condena a los agricultores comunitarios a la ruina”, apunta Aguado.